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Junio 2017

 
 

Cambio en el sector de los estibadores

 

Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero

 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 11 de diciembre 2014, (C- 576/2013) declaró que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al imponer a las empresas de otros Estados miembros que quieran desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general

 
 

Pedro Martín Molina
Director de Legal y Económico

 
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Compliance para el sector de gran consumo

 

Hacia una verdadera ética empresarial

 

Los cambios legales efectuados durante los últimos años en España, en especial la reforma del Código Penal de 2015, han introducido el concepto de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las empresas han pasado a ser responsables de los delitos cometidos tanto por las personas con un mayor poder de decisión dentro de las compañías, como por aquellos empleados indebidamente controlados. Al mismo tiempo, aquellas compañías que hayan adoptado programas de compliance que demuestren que las empresas han hecho todo lo que estaba en su mano para asegurar un funcionamiento acorde a la ley, podrían ser eximidas -bajo ciertas condiciones- de esta responsabilidad. Hemos preguntado a seis expertos acerca del estado del compliance en España y de su aplicación para las empresas de Gran Consumo. españoles de interés general

 
 

Beatriz Saura
Directora de Penal y Compliance

 
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La experiencia española de la hipoteca inversa

 

Mientras que nuestro Código Civil contempla el negocio jurídico de la renta vitalicia, realmente la hipoteca inversa, como negocio de las entidades financieras, comenzó en el mercado anglosajón en la década de los 60, como respuesta al sistema de pensiones británico y norteamericano -bajo la denominación reverse mortgage-.

Las hipotecas inversas -y sus variantes- nacen en España en un contexto muy concreto: por un lado, el aumento de la esperanza de vida, unido al cambio en la estructura familiar tradicional, la disminución del poder adquisitivo de los jubilados y la elevada proporción de mayores propietarios de vivienda en España; por otro lado, en la mayoría de casos, las pensiones del sistema público son insuficientes...

 
 

Pedro Martín Molina
Director de Legal y Económico

 
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